|
|
|||||||
EL MORTERO: MOVIMIENTOS SOCIALES
contacta con nosotres: pallantia@cgt.es
Contra la criminalización de los movimientos
sociales
En los últimos
tiempos estamos asistiendo a un ajuste de las políticas de orden público
impulsadas por los estados democráticos, que en la práctica supone un constante
recorte en materia de libertades, ya sea de expresión, reunión o manifestación,
así como una permanente criminalización de los movimientos populares y
sociales. Se intensifica el tratamiento represivo de aquellas formas de
participación política que escapan a los canales institucionales.
Estas medidas
se concretan en multitud de sanciones gubernativas por ejercer los derechos
políticos de manifestación o expresión, así como una inmensa relación de
personas detenidas, heridas o apaleadas, en las manifestaciones y acciones
desarrolladas en los últimos meses por los movimientos sociales y populares en Madrid.
También son de
destacar las campañas de criminalización que se lanzan desde el poder político
y policial, muy bien orquestadas desde la prensa, contra los movimientos
sociales, ya sea el de okupación, el antiglobalización, la prensa alternativa,
etc... que tratan de desprestigiar cualquier colectivo o movimiento, mediante
la etiqueta de " violento ", que machaconamente repiten los medios de
comunicación.
Goteborg, donde por primera vez
se permitió el uso de armas de fuego para reprimir las manifestaciones
antiglobalización, supuso un punto de inflexión y la demostración de que la
represión iba en aumento. Además vimos la coincidencia de los gobernantes
europeos –con Aznar a la cabeza- a la hora de justificar y
"comprender" las medidas represivas tomadas por el gobierno sueco.
Barcelona, durante las
actividades contra el BM, en la que infiltrados de la policía alentaron y
promovieron disturbios, para justificar la brutal carga policial contra quienes
nos manifestábamos pacíficamente en la Plaza de Catalunya; una operación que se
realizo ante numerosos testigos y medios de comunicación, con la prepotencia
que da la sensación de impunidad, y que no ha supuesto ningún tipo de
responsabilidad política o judicial para los responsables, y por el contrario
han recibido el pleno respaldo de la Delegada del Gobierno, García Valdecasas,
de Aznar y del Ministerio de Interior.
Y por último,
de momento, la salvajada de Génova, donde la represión alcanzó unos
niveles desconocidos hasta ahora en la "democrática" Europa, con el
asesinato a sangre fría del joven manifestante Carlo Giuliani, detenciones
masivas, malos tratos y torturas generalizados, desaparición de detenid@s,
deportaciones... Estos hechos y las declaraciones de Aznar (amigo, como él se
encarga de repetir, del racista y fascista Berlusconi), equiparando las
movilizaciones antiglobalización con el terrorismo, o "alertando" de
una supuesta connivencia con grupos terroristas para boicotear la presidencia
española de la UE, nos hace temer que la represión va a aumentar en las
próximas fechas y nos hace ver que hay un plan coordinado por los gobiernos y
las instituciones económicas para criminalizar y reprimir a los movimientos
sociales contestatarios.
Bajo la excusa
de la lucha contra el terrorismo, el estado español y la UE –por lo que nos
afectan- pretenden criminalizar cualquier forma de oposición política a sus
planes neoliberales. Una vez lograda esa criminalización, habiendo silenciado y
neutralizado cualquier cuestionamiento del injusto sistema actual, pasar a una
segunda etapa de aniquilamiento mediante la represión de cualquier forma de
disidencia. La actual campaña de acoso al movimiento de okupación es el
laboratorio donde están probando esta estrategia para con posterioridad, una
vez ensayada y perfeccionada, aplicarla a otros movimientos sociales,
comenzando por la antiglobalización, su verdadera bestia negra. Casos que hemos
conocido recientemente, como el de Eduardo García en Madrid –preso desde hace
un año en una trama judicial-policial-mediatica oscura y turbia- y el de Laura
Riera en Terrassa –presa desde agosto en una situación muy similar- nos sacuden
en nuestra conciencia y nos exigen que tomemos partido y que denunciemos estas
maniobras.
La fecha del
11 de septiembre no nos iba a dejar al margen. Los brutales atentados de EE.UU
en los que murieron varios miles de civiles inocentes –por otra parte tan
inocentes como los que mueren a diario en Palestina, Irak, Chiapas... en otras
guerras y conflictos alentados por el mismo gobierno que ahora se rasga las
vestiduras ante el dolor propio mientras ignora el ajeno- abren un nuevo
contexto mundial marcado por la guerra entre las potencias occidentales y un
difuso enemigo que se denomina "terrorismo". Una guerra, que como se
ha encargado de repetir Bush en todas sus belicosas arengas mientras es jaleado
por el resto de gobernantes occidentales, no va a ser una guerra convencional y
en la que va a valer todo para ganarla. Incluido la vulneración de los derechos
humanos y las acciones militares contra civiles inocentes, se supone.
Tras estos
atentados, una de las primeras consecuencias que ya estamos viendo es el
endurecimiento de todas las medidas destinadas a garantizar la
"seguridad". Evitando en todo momento analizar cuales son las causas
y orígenes que generan las situaciones de injusticia y opresión que alientan
estas sinrazones, y en su lugar aumentando las medidas de control
social-policiaco de la población. Bajo el pretexto de mantener la Seguridad
(con mayúscula) se avanza en legitimar la vulneración de los más esenciales
derechos. La guerra no es sólo contra el pueblo afgano o contra los talibanes,
o contra cualquier otro enemigo designado. Los gobiernos de los EE.UU y sus
aliados libran también otra batalla: el control de sus propios pueblos. Ya están
en marcha medidas para aprobar en distintos países "legislaciones
antiterroristas" que permitan ampliar las intervenciones telefónicas o el
control de las comunicaciones por Internet. Además se van a endurecer y ampliar
las facultades para la detención y deportación de inmigrantes (que ya están
presentes en la Ley de Extranjería) y facilitar los allanamientos y detenciones
sin orden judicial.
Por todos
estos motivos decimos que denunciar y combatir esta estrategia de
criminalización desatada por los gobiernos "democráticos" es una
necesidad de los movimientos sociales. Que es necesario movilizarnos por la
libertad y por el derecho a disentir, a luchar por ese otro mundo que creemos
posible. Si hoy no paramos los planes de criminalización de la disidencia social
que han puesto en pie los poderosos, mañana puede pasar como decía B. Brech en
ese poema que todas y todos hemos tenido alguna vez colgado en la pared
"...ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde."
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES
LIBERTAD
LAURA RIERA, EDU GARCÍA Y DEMÁS PRESOS