Desde la declaración de Estocolmo en 1972 el medio ambiente es un bien jurídico, comprensivo de una defensa global y sistemática de la Naturaleza; incluído en las constituciones de países democráticos. Así la Constitución Española en su Artículo 45 propugna la utilización racional de todos los recursos con el fín de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la solidaridad colectiva. Y establece un criterio de transparencia administrativa.

Pero la panorámica que tenemos en Palencia dista mucho de verse reflejada en el artículo 45 de nuestra Constitución: Incineración de harinas cárnicas, vertidos tóxicos autorizados, contaminación del aire que respiramos, de las tierras que nos alimentan y del agua que bebemos, parques eólicos en País Románico destruyendo no sólo un patrimonio paisajístico, sino el único recurso de supervivencia para una comarca, incineradoras de resíduos camufladas en eficaces y limpias centrales de biomasa, cielos abiertos de carbón que destruyen robledales milenarios en la escasa zona verde de nuestra ya desértica provincia. Este es el negro resumen de un negro panorama. ¿Por qué, para qué, en nombre de qué y de quien? ¿Del lucro de unos cuantos?

Pero nada de esto ocurriría si las instituciones responsables de la protección jurídica del medio ambiente entendiesen que están ahí para defender los intereses generales de todos los ciudadanos frente a los especuladores de turno. Demos contenido a los bellos y vacios discursos televisivos de la presidencia europea con hechos. El gran reto de la protección jurídica del medio ambiente es la consecución de un desarrollo sostenible, entendido como un modelo de desarrollo que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro el derecho de las generaciones venideras a satisfacer las suyas. Ese es el modelo que queremos los ciudadanos, y del cual nos alejan las instituciones cada vez más por anteponer la rentabilidad económica de unos cuantos por ecima de la rentabilidad social, medioambiental y patrimonial de una provincia.

Las asociaciones organizadoras de esta iniciativa hacen un llamamiento a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, a través de su consejera Silvia Clemente, para que ponga en práctica los principios de la Agenda 21 integrando el medio ambiente en las políticas sectoriales; respetando el principio básico de involucrar activamente a la sociedad civil en la formulación de políticas y su puesta en práctica.

Igualmente hacen un llamamiento a las diferentes empresas que operan en la zona para que dejen de funcionar con criterios exclusivos de rentabilidad financiera, típicos del siglo pasado, e integren en su estrategia de crecimiento una filosofía de empresa que les haga socialmente responsables y solidarios.

Y si los ciudadanos queremos cambios cualitativos en nuestro aire, en nuestros alimentos, en el agua que bebemos y no nos sentimos protegidos ni por las instituciones, ni por las empresas, debemos ser conscientes de que somos los únicos que podemos cambiar el mundo, siendo consumidores responsables y cambiando simplemente nuestros patrones de consumo. No comprar productos de una empresa socialmente irresponsable es una elección real hoy día. Y no votar a políticos que no han sabido defender nuestros intereses frente a los intereses de terceros también.

Animamos a unos y a otros a reflexionar en términos de desarrollo sostenible. Y esperamos tener el honor el año que viene de ver pasar a todos los nominados negros de este año al grupo verde. Porque como Salvador Spriu decía. "A veces es justo y necesario que muera un hombre por un pueblo. Pero nunca será justo y necesario que muera todo un pueblo por un hombre..."