Los recortes sociales y laborales también se están extendiendo a las libertades democráticas, mientras que a su vez el autoritarismo y la represión aumentan aun más desde la llegada al poder del Partido Popular. El gobierno ha endurecido el código penal para considerar la resistencia pacífica un atentado contra la autoridad y con el fin de establecer castigo penal para partidos y sindicatos en caso de desordenes públicos en manifestaciones.
El gobierno y el capital no quieren que luchemos y pretenden que nos quedemos de brazos cruzados o de rodillas mientras los “mercados” destruyen nuestras vidas. No toleran cortes de tráfico, ante una huelga imponen servicios mínimos abusivos o amenazan con el despido, mandan a los antidisturbios para garantizar por la fuerza los desahucios, multan a personas que participan en “concentraciones no autorizadas”, se denuncia a quienes van a votar con camisetas de la marea verde, desprestigian la opción de la huelga o agrupación colectiva, condenan y reprimen las protestas mineras, etc.
Se pretende vaciar de contenido las protestas y desactivar cualquiera que pueda ser peligrosa para el capital. Además estamos presenciando una criminalización de las protestas sociales. El último ejemplo lo encontramos en los ataques que está sufriendo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, debido a las acciones de protesta que ha emprendido este sindicato con otros movimientos sociales.
Trabajadores y parados andaluces han pensado que ante el actual drama humano de muchas familias el problema no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad de acceder a ellos. Además nos han demostrado que un centro comercial puede tener un uso distinto al ocio y consumismo. Concretamente han emprendido una acción reivindicativa y solidaria que ha consistido en entrar en dos supermercados, llenar carros con comida de primera necesidad y llevárselos sin pagar, para posteriormente entregárselo a familias necesitadas que no tienen recursos para alimentarse. La operación se ha realizado sin ningún tipo de violencia, y sus protagonistas lo han hecho enfrentándose a la ley y al poder, sin ningún tipo de beneficio propio y sabiendo que la acción podría tener consecuencias personales negativas para ellos.
La reacción ha sido inminente y unánime entre los gobernantes y el poder. Las campanas de alarma han saltado en los despachos del Ministerio del Interior. La delegada del gobierno en Andalucía apresuradamente ha condenado los hechos y el presidente de la Junta de Andalucía, Griñan ha calificado lo ocurrido como “brutalidad”. La patronal de supermercados ha considerado los hechos como intolerables y vandálicos. La fiscalía ha calificado la acción como delito y ha criticado abiertamente a Sánchez Gordillo. El Ministro del Interior ha ordenado la detención de los responsables de semejante “brutalidad”. Los medios de comunicación se han apresurado en censurar esta acción pacífica, como un grave e indignante problema. Partidos como PP, PSOE o UPiD han criticado abiertamente la protesta y por primera vez que recordemos han salido “en defensa” de una cajera de un supermercado. Ojala hubiera una reacción parecida ante los verdaderos desfalcos como los de Bankia, Novacaixa o la CAM.
Todos han salido en defensa de Mercadona, y a todos habría que decir que si tanto les gusta este supermercado o cualquier otro, que se pongan a trabajar allí de cajeros o reponedores para conocer de primera mano y por primera vez que es un empleo precario.
Desde CGT nos queremos solidarizar con los compañeros que han sido detenidos y denunciados por realizar estas acciones y exigimos que no sean castigados de ninguna forma. Por otra parte, queremos señalar que no asistimos a un problema de vandalismo, delincuencia o de orden público, sino a un conflicto social. Hay miles de personas en una situación desesperada por culpa de medidas gubernamentales que están empobreciendo a las familias trabajadores. No podemos olvidar que la delincuencia de los banqueros, aunque no provoque sangre directamente, si produce mucho dolor en amplias capas de la población. Comprobamos una y otra vez que si un banco quiebra, el banquero no pierde su dinero; pero si un trabajador es despedido junto con otros miembros de su familia, el drama humano llega a ser indescriptible.
Queremos denunciar la hipócrita doble moral del gobierno, que aprueba todo tipo de drásticos recortes antisociales con la excusa de que se deben calmar a los “mercados”, pero que a su vez no considera otra alternativa que la de reprimir a los que luchan contra la injusticia. Los “mercados” tienen nombres y apellidos, con sus domicilios y grandes propiedades y fortunas, y pueden actuar impunemente con la colaboración de sus representantes que son el propio gobierno. Quieren exigir responsabilidades a quienes reparten comida entre familias empobrecidas, mientras no hay constancia de que algún especulador o defraudador este en la cárcel, ni si quiera se han propuesto prohibir las actividades especulativas, o la apertura de cuentas bancarias en paraísos fiscales. En cambio han aprobado una ley basada en la amnistía para los grandes delincuentes y criminales económicos, mientras que personas que participaron en la huelga del 29 de marzo han pasado semanas en la cárcel. Vemos perplejos como han detenidos a varios compañeros por repartir comida tras llevarse alimentos sin pagar de un supermercado, mientras que el anterior gobierno indultó al banquero Alfredo Saez, y el actual acaba de indultar a Tomas Gómez Arrabal, un ex alcalde del PP condenado por delitos continuados de corrupción urbanística. Sin olvidar que el principal acusado por el escándalo de los EREs en Andalucía está en la calle tras pagar 450.000 euros.
Además, no hemos visto actuaciones por parte del gobierno ante las graves agresiones policiales que rápidamente caen en el olvido, pese a que en ocasiones son grabadas y emitidas en los telediarios. El verano pasado la marcha laica ante la llegada de los peregrinos acabó con la policía golpeando impunemente a un periodista y una menor, al creer que nadie estaba grabando. En el aniversario del 15-M todos vimos por televisión como unos policías detenían a una joven y la arrastraban descalza sin haber hecho nada.
Están asustados y por eso van a intentar erosionar cualquier tipo de contrapoder y alternativa, que pueda poner en peligro las actuales relaciones de poder y de clase. Quieren que la violencia sea monopolio del Estado, criminalizar cualquier planteamiento alternativo y expulsar del debate público cualquier reflexión crítica. Se están esforzando en intentar conseguir el consentimiento y sumisión entre la sociedad para poder mantener las injusticias y planes de ajuste, intentando convertir en normal lo socialmente inaceptable. Desde CGT no vamos a interiorizar sus normas sociales, sino que nos rebelamos contra ellas.
RSS 2.0