En una nota informativa a toda la plantilla de Telefónica de España SAU, el sindicato UGT anuncia la posible negociación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), condicionándolo al mantenimiento de la universalidad, voluntariedad y no discriminación de expedientes anteriores, y cuando la oferta económica sea digna y suficiente (sic). A continuación CCOO sacó un comunicado en el que se preguntaba: ¿ERE? Pero, lejos de ese primer interrogante, en él se daban demasiadas explicaciones como para no intentar leer entre lineas un mensaje diferente.

Ante la «posibilidad» de unos y el «interrogante» de otros, CGT quiere recordar que

el último ERE en Telefónica SAU durante los años 2003 al 2007, y a pesar de los suculentos beneficios de la compañía –25.000 millones de euros en ese periodo- supuso la destrucción de casi 15000 puestos de trabajo con una indemnización media del 70% del salario congelado a quienes se acogieron desde los 52 (edad de desvinculación) hasta los 61 años (edad de jubilación anticipada), cobrando la prestación por desempleo durante los dos primeros años.

Desde CGT queremos dejar en evidencia la

contradicción que supone hablar de destrucción de empleo en empresas con notables beneficios, precisamente la misma semana que el ejecutivo del gobierno socialista anuncia un paquete de medidas contra la crisis que pretenden la viabilidad de las cuentas de la Seguridad Social mas allá del 2020. Esa contradicción llega al absurdo si tenemos en cuenta que entre las nuevas medidas que agravan el retroceso social se encuentra la de posponer la jubilación a los 67 años.

En CGT pensamos que hablar de destrucción de empleo, y más en los términos que lo ha hecho Telefónica en los últimos años, es un

insulto contra los millones de paradas y parados que sufren esta grave crisis económica, más todavía hacia aquellos que ni siquiera cuentan con la prestación de desempleo y se encuentran en la más absoluta de las miserias.

La solución a la crisis pasa por la responsabilidad social de empresas como Telefónica.

Son estas empresas con astronómicos beneficios las que tienen la obligación de generar empleo de calidad y no su destrucción.

Y el sindicalismo responsable sólo pasa por buscar medidas que garanticen el bienestar social, ratificando la generación de empleo y, con ello, la viabilidad del sistema público de pensiones. Su posición no puede ser tan contradictoria como para movilizar al conjunto de la sociedad en la defensa del bienestar social y luego claudicar ante las imposiciones empresariales de una gran multinacional.

Ni desvinculaciones a los 52 años, ni jubilaciones a los 67. Queremos trabajar menos para que todos trabajemos:

Si todos trabajamos, todos cotizamos. Por eso estamos a favor de la jornada de 35 horas y el fomento de la jubilación parcial a los 60 años mediante el contrato de relevo. 

Salud y libertad