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Los objetivos de la Administración son instaurar un modelo sanitario
mixto público/privado y crear un "mercado" sanitario
controlado y sometido a conveniencia, a través del poder que se deriva
de la facultad de derivación de pacientes a los centros, con la
finalidad de reducir las prestaciones públicas gratuitas y los costes
de las mismas, y de trasvasar fondos públicos al sector privado. Toda
esta política, en último término, responde a los intereses de los
sectores financieros por apoderarse de los más de 4 billones de pts que
alcanza la financiación pública de la sanidad, es decir, responde al
interés por apropiarse de la parte de nuestro salario (salario diferido
o en especie) que los ciudadanos entregamos, vía impuestos, para
financiar nuestras necesidades sanitarias, lo que supone un ataque al
conjunto de los trabajadores del Estado. Cinco son sus líneas básicas
de desarrollo:
1. Variar la actual financiación sanitaria finalista
(partidas cerradas que parten del Ministerio de Hacienda y que las CCAA
no pueden alterar, garantizando así su destino), por la generalista,
que incluye estos fondos en la financiación general de las CCAA, para
que éstas procedan posteriormente a su reparto, dejando la
financiación sanitaria a expensas de la influencia de las Consejerías
de Salud en sus gobiernos autónomos y de los intereses políticos de
éstos, que podrían enjugar con ellos sus déficit (como han dejado
entrever diversas CCAA), ya que los fondos sanitarios suponen entre el
30 y el 40% de la financiación global de cada Comunidad. La importancia
de la financiación es clave en el mantenimiento de los servicios
sanitarios públicos y de las plantillas.
A su vez, cada Comunidad
Autónoma podrá ampliar el catálogo de prestaciones común al sistema
sanitario si corre con sus gastos (copago o aumento de los impuestos),
quebrando la solidaridad y la equidad del sistema al generar una
dispersión de derechos sanitarios que afectará, en primer lugar, a las
CCAA más débiles económicamente, para extenderse con el tiempo al
conjunto de la sociedad. Este modelo de financiación, actuará
fraccionando el sistema sanitario público, dispersando prestaciones y
derechos sanitarios, y favoreciendo la imposición de políticas
restrictivas de personal y desreguladoras de las condiciones laborales.
2. Impulsar masivamente los conciertos con el sector sanitario
privado. La CAM, en su previsión de organización de recursos con
motivo de las transferencias, no ampliará ni creará ningún nuevo
servicio sanitario público hasta haber "optimizado" la
totalidad de los recursos privados existentes, incluyendo a éstos
dentro de la oferta al ciudadano sustentada con financiación pública.
Esta medida supone derivar importantes cantidades monetarias al sector
privado y la introducción masiva de éste en el sistema sanitario en
igualdad de condiciones con el sector público.
Por otra parte, si la
financiación se dirige en la dirección privada, lo mismo sucederá con
los equipamientos, aumentando la capacidad sanitaria privada. La
expansión de este sector, provocará una disminución de la oferta
pública de empleo y un aumento de la privada, generando un flujo de
personal hacia el sector privado en la medida que se restrinjan las
plantillas públicas. Teniendo en cuenta que la competitividad del
sector privado nace del abaratamiento de sus costes de personal (emplean
1/3 del personal del sector público, sin respeto de las categorías,
sin reglamentación laboral y con muy bajos salarios medios), y de la
pérdida de calidad de la atención prestada, son más que previsibles
las pérdidas globales de empleo, de salarios y de condiciones laborales
que se producirán.
3. Separar las funciones de financiación, compra y provisión de
servicios. La población dejará de estar adscrita a un Hospital o
centro sanitario concreto, pasando a "pertenecer" al Servicio
Regional de Salud, que será el organismo encargado de la compra de
servicios sanitarios, públicos o privados, y de la distribución, a
través de unas Agencias Sanitarias dependientes de este ente, de los
pacientes a los distintos centros contratados en la Comunidad. Aparte de
la imposibilidad del consumidor para juzgar el servicio sanitario
recibido (carece de los conocimientos necesarios para ello, lo que
implica que la competencia de centros en lugar de establecerse sobre la
calidad suele hacerse sobre los precios, comodidades y marketing), se
abren dos serias incertidumbres: La tendencia a la pérdida del control
público sobre la compra de servicios sanitarios (al entregarse esta
función a órganos más permeables a la penetración privada, bajo la
farsa de la libre elección de médico y centro por parte del paciente),
y la posibilidad de que se establezcan flujos interesados de población
y, por tanto, financieros hacia centros determinados o, incluso, que se
castigue o promocione centros a través de la derivación de pacientes.
Por otra parte, parece un sin sentido promover la libertad de elección
individual al tiempo que se reducen las formas de protección colectiva
(disminución de la financiación pública sanitaria, restricción de
las prestaciones gratuitas del sistema mediante el establecimiento de un
catálogo básico de prestaciones). No se trata de elegir centro sino de
ejercer control sobre los centros y sobre el sistema, de decidir el tipo
de sanidad y su orientación, teniendo en cuenta que controlar implica
comprobar, inspeccionar e intervenir, y que esto debe hacerse
colectivamente.
4. Imponer la privatización de la gestión de los organismos que
agrupen las distintas ofertas públicas. El Servicio Madrileño de la
Salud (que agrupará a los centros públicos que provengan de la CAM), y
el Instituto Madrileño de la Salud (que agrupará a los centros
provenientes del INSALUD), serán entes públicos de derecho privado, lo
que significará de hecho la privatización de la gestión máxima de
los servicios de procedencia pública y orientará el futuro de la
gestión de los servicios que coordinan.
Como la provisión de servicios
también procederá del sector privado se abrirá una línea competitiva
de precios entre la pública y la privada, y en un período breve y a
medida que la privada, educada en la competencia, intente captar una
mayor cuota de mercado, ofertará mejores precios a los representantes
de la Administración (que saldrán en buena parte de la mayor
explotación a la que someten a sus trabajadores), provocando graves
problemas a la provisión pública -mucho más vulnerable si pretende
mantener unos estándares mínimos de calidad-, e imprimiendo una
presión sobre la misma en la dirección del funcionamiento del sector
privado, con las consecuencias imaginables sobre la atención, los
niveles de salud, los salarios y las condiciones laborales.
5. Instaurar, laboralmente, un modelo disgregador de salarios y
condiciones de trabajo. Para ello se elude la homologación salarial del
personal proveniente del INSALUD (entre 35.000 y 40.000 millones de
pesetas), manteniendo las actuales diferencias salariales entre éste y
la CAM (500.000 ptas/año para médicos, auxiliares de enfermería,
auxiliares administrativos y personal de oficio; 300.000 ptas/año para
celadores y pinches; 700.000 ptas/año para DUEs y técnicos
especialistas), y los bajos salarios existentes (pérdida de 13 puntos
de poder adquisitivo en los últimos 10 años, que ha supuesto que el
salario de varias categorías se sitúe en la mitad del salario medio
del Estado), así como la imposibilidad de lograr en el futuro una
homologación que otros han logrado, PORQUE ESTA SITUACIÓN NO VOLVERÁ
A REPETIRSE, ya que aplazar la homologación haría imposible la misma
en el futuro, dada la profundidad de las transformaciones que sufrirá
la estructura del sistema (empresarialización de servicios y centros
sanitarios) y la diferenciación de salarios y condiciones laborales,
que se establecerán por centros.
El futuro del personal interino es
incierto, vinculándose a la existencia de financiación suficiente. Las
elevadas cifras de trabajo temporal (en torno al 30%, alcanzando algunos
centros y categorías el 40%), suponen un amplio volumen de empleo
fácilmente suprimible, cosa que facilitará la presión del sector
privado (que tirará del empleo público hacia abajo). De ahí la
importancia de lograr que este personal pase a ser estatutario antes de
la culminación de las transferencias (ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE LOGRAR UN
EMPLEO FIJO Y CON DERECHOS PARA ESTE PERSONAL). La oferta de la
Administración de laboralizar al actual personal interino, esconde la
trampa de permitir su despido cuando lo considere necesario. Estos
despidos se producirían centro a centro y en unas condiciones donde la
actual cohesión que presenta este personal se habría esfumado,
disminuyendo así su capacidad de defensa y estableciéndose una
correlación de fuerzas favorable a la Administración, cosa que hoy no
se da. Al estar marcado su futuro por la disminución del volumen de
empleo sanitario global y por la tendencia al crecimiento de los
conciertos con el sector sanitario privado, el actual personal interino
se vería abocado al paro o a ser contratado en el sector privado.
Sólo la movilización puede hacer retroceder la agresión que encierra
el proceso transferencial. Tenemos mucho que ganar o perder, y este es
el momento en que van a definirse las ganancias o pérdidas, sin más
aplazamientos. El panorama sanitario y laboral no será el mismo tras el
proceso de transferencias, ya sea en un sentido o en otro, y su
resultado marcará la situación y la correlación de fuerzas para el
decenio que viene. Por todo ello, entendemos que es el momento de
agruparse y crear un amplio bloque capaz de desbaratar estas políticas
restrictivas que caracterizan el proceso de transferencias. Por ello,
hacemos un llamamiento público a todas las fuerzas sindicales,
políticas y sociales para que se sumen a un proceso de información y
movilización.
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