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PLAN DE CALIDAD:
SEMIHOMOLOGACION A CAMBIO DE PRIVATIZACIÓN Y DESREGULACIÓN LABORAL
El Plan de Calidad es un acuerdo
firmado a finales de Junio por la Administración del PP, los empresarios
de la Sanidad Privada, algunos colegios profesionales (a última hora no
firmó el de médicos) y los sindicatos CESM, SATSE, SAE y CSIT.
Los objetivos de este Plan de Calidad
son:
1. FACILITAR LA IMPLANTACIÓN DE
UN NUEVO MODELO SANITARIO MIXTO PÚBLICO-PRIVADO, al impulsar el
desarrollo de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid
(LOSCAM). De esta manera se busca garantizar la creación de un mercado
sanitario -mediante la separación de las funciones de aseguramiento,
compra y provisión de servicios-, donde los diferentes proveedores
(públicos y privados) se encuadrarían en una Red Sanitaria Única de
Utilización Pública, cuya finalidad es el impulso y la trasferencia de
fondos públicos al sector privado (de ahí que no pueda extrañar que el
presidente de la Federación Española de Clínicas Privadas elogie este
Plan y propugne su extensión al resto de las Autonomías). El diseño de
este nuevo modelo prescinde de las necesidades en materia de salud de la
población y se basa en la rentabilidad económica del sector,
rentabilidad económica que sólo podrá salir del empeoramiento de las
condiciones laborales de los trabajadores y de la pérdida de calidad de
la atención prestada (disminución de costes empresariales y aumento de
la productividad por puesto de trabajo).
2. INSTAURAR UN NUEVO MODELO DE
FINANCIACIÓN SANITARIA BASADO EN EL INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS
INDIRECTOS. Un tercio de la financiación del Plan recaerá sobre el
nuevo impuesto de la gasolina y supone la avanzadilla en el uso de
impuestos indirectos como medio de financiar la sanidad. Este modelo, a
diferencia del basado en la financiación a través de los Presupuestos
Generales del Estado, impide la planificación y somete los derechos
sanitarios a las oscilaciones del consumo de determinados productos,
instaurando, además, un sistema injusto al no discriminar las
aportaciones según los niveles de renta, que siempre perjudica a los
sectores sociales más débiles económicamente. Por otra parte, la
escasez de fondos que intencionadamente ha acompañado al proceso de
transferencias sanitarias a la Comunidad y la escasa financiación de este
Plan, junto a la financiación masiva del sector privado con fondos
públicos, suponen un ataque directo a la sanidad pública al impedir el
desarrollo de sus infraestructuras y el número de prestaciones, con las
graves consecuencias que esto tendrá en un futuro cercano sobre las
plantillas y los salarios de los trabajadores, y sobre la calidad de la
atención.
3. DESREGULAR Y EMPEORAR LAS
CONDICIONES LABORALES. La política de personal diseñada en el Plan
se suma a medidas ya adoptadas anteriormente, cuyas consecuencias han sido
el aumento de las cargas y los ritmos de trabajo, y persigue confluir con
la línea contenida en los borradores de Nuevo Estatuto Marco (de ahí la
aceleración del proceso para su aprobación) presentados por la
Administración: adecuación de las plantillas a las nuevas necesidades
(que sólo encubre objetivos restrictivos), facilitar la movilidad
geográfica forzosa (por razones organizativas) y la movilidad funcional,
nueva ordenación de categorías (y supresión de aquellas que se
considere oportuno), nuevo modelo retributivo basado en el cumplimiento de
objetivos, el rendimiento especial o la dedicación extraordinaria,...
Las mejoras laborales que contiene
este Plan no son otra cosa que concesiones envenenadas, con la finalidad
de disminuir las resistencias al mismo por parte de los trabajadores, y
son consecuencia -en buena medida-, de la movilización que culminó en la
huelga del 19 de diciembre pasado -de hecho el Preacuerdo que ha dado
lugar a este Plan se firmó el mismo día de la huelga-, si bien las
limitaciones de dicha movilización (discontinua y no lo masiva que se
hubiera requerido) han posibilitado la firma de este Plan. Estas
concesiones se concretan en:
1. SEMIHOMOLOGACIÓN SALARIAL,
que finalizará en el año 2005, sin carácter retroactivo, sin aclarar su
inclusión en conceptos salariales fijos, sin contemplar mejoras sociales,
y dejando mal paradas, sobre todo, a varias categorías.
2. JORNADA ORDINARIA DE 35 HORAS EN
CÓMPUTO ANUAL. Esta mejora queda difuminada al no contemplarse en
cómputo semanal y defender la Comunidad de Madrid los borradores de Nuevo
Estatuto Marco presentados por el Ministerio de Sanidad, donde se crea la
jornada complementaria (que puede dar lugar a tiempos trabajados que
superen las 70 horas semanales en cómputo semestral -art. 29 del borrador
de Estatuto del 2/7/02-), y cuya finalidad es aumentar el número de horas
trabajadas y disminuir el pago por hora de trabajo; o donde se instaura la
jornada partida o su distribución irregular (como en las Nuevas Formas de
Gestión);...
La sospecha de que existe trampa en la
instauración de la jornada de 35 horas radica en que se destinan tan
sólo 36 millones de € (6.000 millones de pts) para el incremento de
plantillas derivado de su implantación, lo que equivaldría a menos de
300 nuevas plazas -a todas luces insuficientes para asumir esa
disminución de jornada-.
3. ESTABILIDAD DEL PERSONAL INTERINO.
Esta medida sólo encubre la transformación de plazas de personal
estatutario en laboral, y sin la garantía de consolidación del actual
número de plazas de trabajo, es decir, que en el proceso podría
procederse a una reducción de plantillas.
Por todo ello, desde CGT:
LLAMAMOS A LOS
TRABAJADORES, ASOCIACIONES Y SINDICATOS NO FIRMANTES A ORGANIZAR LAS
PRÓXIMAS MOVILIZACIONES POR LA RETIRADA DEL PLAN DE CALIDAD Y DE LA LEY
DE ORDENACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD, POR UNA HOMOLOGACIÓN LABORAL
PLENA Y A NO ACEPTAR ESTE CHANTAJE, QUE SUPONE CAMBIAR UNA PARTE DEL
DINERO QUE NOS CORRESPONDE POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA,
EL EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y LA HIPOTECA DEL FUTURO DE
LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA. |
