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ACUERDO GOBIERNO DEL PP CON LOS
SINDICATOS CCOO, UGT Y CSIF PAZ SOCIAL SIN RECUPERACIÓN DE PLANTILLAS NI
DE PODER ADQUISITIVO NI INSTAURACIÓN DE LA JORNADA DE 35 HORAS, E
INSTAURACIÓN DEL SALARIO DIFERIDO Y DE LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y
FUNCIONAL.
MARCO PRESUPUESTARIO EN QUE SE
REALIZA EL ACUERDO.
1. La culminación del proceso de transferencias
dificulta enormemente un análisis detallado de la asignación por
materias de los Presupuestos Generales del Estado para el 2003, ya que
sería preciso disponer de la totalidad de los Presupuestos por
Comunidades. Por otra parte, la decisión de incluir la financiación de
diversos sectores (enseñanza, sanidad,...) en el modelo general de
financiación autonómica (financiación generalista) -permitiendo que los
gobiernos de las autonomías repartan los fondos entre las distintas
consejerías-, en lugar de consignar esas cantidades directamente desde
los PGE para su gestión por parte de los gobiernos autonómicos
(financiación finalista), impide saber previamente las cantidades
destinadas a los diversos sectores, aumentando así el oscurantismo y la
imposibilidad de control. Todo ello es debido a que el proceso de
transferencias ha respondido no a un principio descentralizador y de
acercamiento de las instituciones a la población, sino a la intención de
facilitar el desmantelamiento y la privatización de los servicios
públicos de carácter social.
2. El carácter esencial de los PGE para el 2003,
puede apreciarse en el hecho de una nueva disminución de los impuestos
directos, disminuyendo los ingresos del Estado a través del IRPF en 2.889
millones de € (el tipo máximo desciende de un 48% a un 45%, en
beneficio de los grandes poseedores), en tanto que los ingresos
procedentes de impuestos indirectos aumentarán en 4.018 millones de €
(a comienzos de 2002, el Estado ya ingresaba un 52% a través de los
impuestos indirectos y un 48% por los impuestos directos, aumentando los
actuales Presupuestos esta diferencia en favor de los primeros). Esto
unido a la nueva disminución de los tramos de cotización, significa una
importante disminución impositiva para los influyentes capitales
financieros, las empresas (favoreciendo a las mismas de forma creciente
según aumenta su volumen) y las grandes propiedades. La consecuencia es
una agudización de la tendencia de los últimos años de aumentos
impositivos inversamente proporcionales a los niveles de renta -que
castiga con más dureza a los sectores más débiles económica y
socialmente-. Los ingresos del Estado procedentes de las rentas del
trabajo se acercan al 80%, en tanto que los procedentes de las rentas del
capital disminuyen hasta casi el 20%.
3. Las tendencias de insuficiencia presupuestaria de
los últimos años, se vieron acelerada con la instauración de políticas
presupuestarias de déficit cero en 2001. En 2002, la previsión de
crecimiento de los ingresos del Estado se situaba en un 6,2% nominal, en
tanto que los gastos no excederían el 5,1% nominal, ingresándose más de
lo que se gasta. Igualmente, en 2002 se ha rebajado, a pesar del reducido
tipo del mismo (22,6% en 1998) el Impuesto de Sociedades (destacando la
disminución de tributación de las plusvalías que las empresas obtengan
en la venta de sus activos o bienes de un 35% a un 18%), y ello al tiempo
que se mantiene una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media
europea (35,4 frente a 42,5) en beneficio del 10% de la población más
rica.
4. La tendencia en 2003 es proseguir con la
restricción de los gastos sociales y de la protección social, aumentando
ligeramente la diferencia de 5 puntos de PIB existente en 2002 con la
media europea (22% en España frente a 27% de media europea). No puede
olvidarse que la disminución de la protección social en España ha
caído 3,1 puntos desde 1993, colocando a España en el furgón de cola de
la UE, siendo rebasada por Grecia y Portugal. Por otra parte, la
existencia de impuestos finalistas, como los que operan sobre alcohol y
tabaco, amenazan con extenderse tras la creación de un nuevo impuesto
sobre los carburantes en la Comunidad de Madrid, cuya finalidad en
financiar determinadas prestaciones y planes sanitarios (Plan de Calidad).
La extensión de este tipo de impuestos no sólo impide la planificación
o grava sin tener en cuenta los niveles de renta, sino que somete los
derechos sanitarios, en este caso, y sociales a las oscilaciones de
consumo de determinados productos.
5. Los PGE para 2003 no son creíbles, como
han manifestado diversos organismos, entre ellos el Fondo Monetario
Internacional o la Comisión Europea. El gobierno mantiene el déficit
cero y hace unas previsiones de crecimiento de la economía española de
un 3%, una creación de 282.000 empleos, y un incremento de la inflación
del 2%.
Los ingresos del Estado crecen en un 4,3% (excluida
la cesión de impuestos a las CCAA) y los gastos un 4,1%, siguiendo la
tónica general de ingresar más de lo que se gasta. De esta manera el
déficit del Estado alcanzaría el 0,5% del PIB, en contra de las
tendencias de los grandes Estados de la UE, que han logrado de la
Comisión Europea el aplazamiento hasta el 2006 para imponer el déficit
cero en sus presupuestos. La consecuencia será aumentar las abismales
diferencias que España mantiene en gastos sociales con la media europea y
una mayor pérdida de "bienestar" comparado entre la población
del Estado español respecto a las poblaciones de la UE.
Las previsiones de crecimiento económico son
irreales, y no sólo por la corrección del FMI de un 3% a un 2,7%. No
puede perderse de vista que la inversión empresarial privada cayó a lo
largo de 2001 (pendientes los datos de 2002, si bien todo apunta a ligeras
oscilaciones sobre los datos de 2001: la previsión última del FMI sitúa
el crecimiento del PIB español en 2002 en 2 puntos, rebajando al menos un
0,3, siendo ésta la 2ª rebaja tras la producida en abril de 2002), ni la
existencia de una situación de incertidumbre mundial provocada por las
bajas tasas de crecimiento en EEUU, por el aumento de la política
intervencionista y bélica de este Estado (actualmente mantiene presencia
militar en más de 140 Estados, la mayor desde la II Guerra Mundial), o
por la política desatada por Bush contra la Seguridad Social y las
pensiones en EEUU, sin olvidar la inestabilidad bursátil que caracteriza
este período, que el precio del petróleo ya ha superado toda expectativa
y que la crisis latinoamericana promete más sorpresas (habrá que ver si
el crecimiento negativo de esta zona mundial, -0,6% previsto, es capaz de
enjugarlo la recuperación asiática).
La previsión de un 2% de inflación para 2003
tampoco es seria, máxime si se tiene en cuenta que la inflación
acumulada en agosto pasado superaba el 3,6% (en la actualidad alcanza el
4%) y la subyacente el 3,8%, dejando muy atrás las previsiones de un 2%
para el año 2002.
Si el crecimiento va a ser inferior al
previsto y la inflación mayor, las previsiones de creación de empleo no
se cumplirán y las reducciones de los gastos sociales generarán un mayor
empobrecimiento y una pérdida de protección social para los trabajadores
sin contrapartida alguna.
6. Otros datos que deben ser valorados son el
aumento desmesurado del precio de la vivienda -que en el primer trimestre
ya superaba el 15,4%-, impidiendo el acceso a las mismas por parte
principalmente de los jóvenes, y las mejoras fiscales en los alquileres
que se incluyen en los PGE para 2003, y que exclusivamente benefician a
los caseros, con deducciones de un 40% que pueden llegar incluso al 100%
de la renta.
ACUERDO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
1. El reciente Acuerdo salarial para las
Administraciones Públicas entre el gobierno del PP y los sindicatos CCOO,
UGT y CSIF, tendrá un coste de 129,62 millones de € durante un dos
años y afectará a 2,3 millones de empleados públicos, repartiéndose
estos fondos de la siguiente manera: 71,8 millones de € (55,39%), se
destinarán a conceptos consolidables, al incrementar las pagas
extraordinarias que actualmente se sitúan entre un 45% y un 60% de la
retribución mensual; 24,65 millones de € (19,01%) tendrán como
finalidad constituir por 1ª vez en el sector público un fondo de
pensiones, abriéndose así la puerta a la creación de salarios
diferidos; 28,36 millones de € (21,88%), generarán crecimientos
salariales no consolidables, en función de la consecución de objetivos.
2. Este reparto supone un incremento de las
retribuciones de los empleados públicos para 2003 de un 2,7% general. El
0,6% restante (hasta el 3,3%), que al parecer sólo percibirán los
empleados dependientes de la Administración General del Estado, irá
ligado al cumplimiento de objetivos de productividad, que se centran en
favorecer la movilidad geográfica y funcional, o la variación y
prolongación de jornada. Esta proporción se mantiene para el 2004, donde
la suma de ambos conceptos supondrá un 3,2%.
3. Las contrapartidas:
- Disminución de la tasa de temporalidad, que
alcanza en la función pública el 22%, a un 8%, lo que significa
aumentar la proporción de empleo fijo. No se habla de la cobertura de
las ausencias, verdadero azote que disminuye las plantillas reales y
aumenta unas cargas y ritmos de trabajo ya de por sí elevadas,
producto de la insuficiencia de plantillas.
- Eliminación de la tasa de reposición del 25%,
que sólo autorizaba a cubrir 1 de cada 4 bajas por jubilación o
excedencia, sin que se haya establecido una nueva cuota o exista
obligación de reponer el 100% de las mismas. Esto supone que la
reposición de plantillas queda sujeta, en último término, a la
existencia de financiación suficiente de las diferentes materias o de
voluntad política.
4. Las concesiones de los sindicatos firmantes:
- Renuncia a introducir la cláusula de revisión
salarial, única garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de
los salarios. El gobierno logra así mantener por un período de 2
años, al menos, la desligazón entre inflación y subida salarial,
ligando ésta a objetivos de productividad (uno de los objetivos
centrales de la política económica gubernamental, como ha declarado
el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro). Las consecuencias serán
nuevas pérdidas de poder adquisitivo, dadas las enormes diferencias
entre inflación prevista e inflación real. En 2002, sin ir más
lejos, la pérdida de poder de compra de los salarios de los empleados
públicos será de 2 puntos (la inflación real va a doblar los 2
puntos de inflación prevista). Culpar al incremento de salarios de la
subida de la inflación es grotesco, máxime cuando los beneficios
empresariales han superado el 20% durante los últimos años.
- Renuncia a imponer con carácter general la
jornada de 35 horas semanales, manteniendo la jornada de 37,5 horas
(en cómputo anual al menos en sanidad, lo que aumenta el exceso de
horas trabajadas y la pérdida general de libranzas y festivos
libres).
- Favorecer la movilidad geográfica sin límites y
la movilidad funcional, con movimiento de personal hacia las zonas de
mayor carencia. Variación de la jornada y ampliación horaria. Estas
medidas serán, inicialmente, incentivadas, mediante el pago de unas
cantidades por una vez y sin lugar a consolidación, pero estos
desembolsos, igual que los destinados al cumplimiento de objetivos,
producen -como dice el ministro de Administraciones Públicas, Javier
Areanas-, un ahorro para la Administración, lo que significa que
aumenta el trabajo no remunerado, al aumentar el producto del trabajo
que no percibe el trabajador.
- Instauración de salario diferido o en especies
(fondo de pensiones). Debe tenerse en cuenta que los fondos de
pensiones o las cantidades destinadas a la formación, no pueden
entenderse como subidas salariales, como bien dicen fuentes
ministeriales.
- No se establece ningún plan ni ninguna dotación
de fondos para recuperar las plantillas perdidas y lograr su
ampliación hasta ajustarlas a las necesidades de la población (en
sanidad, por ejemplo, se ha perdido más de un 10% en el período
1997-2002, al tiempo que más de un 15% de plantillas ha sido
privatizada a través de la extensión de la subcontratación y la
externalización de servicios y prestaciones). Es estas condiciones,
la prolongación de jornada o la variación de horarios va a suponer,
en ausencia de crecimiento de las plantillas, una pérdida de la
calidad del trabajo y una merma de las prestaciones por unidad de
tiempo. De igual manera y en las condiciones descritas, la movilidad
geográfica y funcional va a generar un reparto de miseria, ya que el
déficit de plantillas es general y un problema central.
- Por último, con este Acuerdo la Administración
no sólo no realiza ninguna concesión en los temas fundamentales, y
avanza en su política de contención salarial, reducción de
plantillas y aumento de la productividad por trabajador, y
desregulación de las condiciones laborales, sino que, además,
pretende lograr (con el apoyo de los sindicatos firmantes) paz social
durante dos años en un sector seriamente golpeado y con un elevado
índice de malestar (los empleados públicos del Estado español son
de los peor pagados en la UE, muy por debajo de Estados como Alemania,
Francia, Italia, etc.). En definitiva, el Acuerdo no responde a las
necesidades de los trabajadores públicos ni de la población,
actuando los sindicatos firmantes como apaga fuegos (de hecho, el
Secretario de Estado de la Función Pública, Julio Gómez-Pomar, ha
dado las gracias a estos sindicatos por la "responsabilidad"
mostrada).
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