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Introducción
Paco Marcellán
“Significo a V. I. haber
dispuesto todo convenientemente y haber dado cumplimiento
a la sentencia a las cinco horas del dia de hoy, sin novedad.
Dios guare a V. I. muchos años”.
Con esta escueta y administrativa frase
de fecha 17 de Agosto de 1963 el director del penal de Carabanchel
comunicaba al magistrado titular del Juzgado Especial Nacional
de Actividades Extremistas la ejecución de dos penas
de muerte en la España de los 24 años de Paz.
Por si hubiera duda acerca del método utilizado, el
médico oficial de la prisión indicaba el fallecimiento
de Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granado
Gata “como causa inmediata asistolia y causa fundamental
traumatismo bulbar”. Tras todo ello se ocultaba el ajusticiamento
a garrote vil (una práctica de asesinato legal en la
España negra de la dictadura franquista) de dos militantes
libertarios a lo que se les acusaba de colocar artefactos
explosivos en los edificios del Ministerio de la Gobernación
y de los Sindicatos Verticales en el verano de 1963.
El hecho de reivindicar su memoria en
estas páginas de ROJO y NEGRO responde a la necesidad
de reparar una profunda injusticia derivada de tres hechos:
El asesinato legal de dos inocentes, una
vez que los autores de esa acción han reconocido su
autoría públicamente y con posterioridad (en
un programa emitido el 4 de Diciembre de 1996 por la cadena
de televisión franco-alemana ARTE así como ante
notario). Las pruebas utilizadas en su momento para encausarles
no resistían ningún contraste plausible pero
el principio de “castigar y amedrentar” con la mayor
publicidad posible a través de una prensa que era la
voz de su amo cumplió el objetivo marcado: En una dictadura,
el que se mueve sale en la foto como cadáver o no sale
porque ha debido partir al exilio. Argentina, Chile, Uruguay
nos dieron pruebas recientes de esta práctica autoritaria
en la que los militares han sido auténticos expertos.
El borrón y cuenta
nueva que supuso la Transición en nuestro país,
a costa de olvidar a cualquier precio el pasado por aquello
de “no reabrir las viejas heridas”. La respetabilidad
adquirida por algunos en relación con su pasado franquista
y autoritario (D. Manuel Fraga ejercía de Ministro
de Información y Turismo en el año 1963) no
abría la posibilidad de una revisión que posibilitara
el “nunca más” de las prácticas dictatoriales.
De nuevo aquellos lodos han generado los barros por los que
nos estamos moviendo en este país a lo largo de la
última década y en el que el revisionismo histórico
está alcanzado cotas inimaginables.
Un olvido que ha acarreado la asepsia a la hora de reconocer
la contribución de los represaliados en la lucha por
la libertad durante esos oprobiosos años.
Ya durante el gobierno socialista y agudizadas durante el
del PP, las resistencias a reparar moral y económicamente
a los afectados y sus familiares han alcanzado niveles surrealistas.
En el caso de Granado y Delgado, la vía
legal iniciada a través del recurso de la sentencia
a la Sala Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo puso
de manifiesto la continuidad de los criterios jurídicos
de una dictadura y el periodo constitucional en la argumentación
de la Sala para denegar el recurso. En palabras pronunciadas
en la conferencia anual Ramón Pérez de Ayala
organizada por la Universidad de Southampton el pasado 13
de Marzo por alguien tan poco sospechoso de criticismo constitucional
como Juan Luis Cebrián, el que el poder judicial franquista
haya podido sobrevivir hasta hoy la primera Transición
(postfranquista) y la alardeada segunda Transición
(postsocialista) es una buena prueba de que los excesos acríticos
del consenso político no contribuyen a la limpieza
del patio judicial y a la depuración de responsabilidades
políticas de la dictadura. Por otra parte, los ritmos
del Tribunal Constitucional para resolver el recurso de amparo
no permiten augurar una sentencia a corto plazo y la vía
de la denuncia ante la opinión pública aparece
condicionada por la actitud de unos medios de comunicación
más interesados en elogiar el presente que en revisar
los errores del pasado.
El drama humano de Pilar Vaquerizo, viuda
de Francisco Granado, reivindicando la memoria de su compañero
y solicitando ante diversas instancias el reconocimiento público
y económico de su asesinato legal ha topado con la
frialdad normativa tanto en la Asamblea de la Comunidad de
Madrid como en el Parlamento. Argucias jurídicas como
la situación de prisión inferior al tiempo especificado
por la ley (parece que el ajusticiamiento de Delgado y Granado
a los 17 días de ser detenidos fue una frivolidad de
los interesados frente a la posible estancia en las “cómodas”
prisiones franquistas durante un periodo no inferior a tres
meses), el juego de intercambio de competencias (que si es
atribución del gobierno regional o el de la nación),
la indecisión de los grupos parlamentarios para divulgar
estos temas ante la opinión pública y extrapolarlos
del marco parlamentario, la escasa capacidad de respuesta
por parte del movimiento libertario a la hora de reivindicar
(sin intermediarios interesados) su historia en la lucha antifranquista
nos obligan como CGT a levantar nuestra voz y recuperar la
memoria de todos los hombres y mujeres que prefirieron luchar
a vivir de rodillas ante la dictadura. El ejercer el derecho
efectivo a las reparaciones jurídicas, sociales y económicas
para los supervivientes y sus familiares y la divulgación
de su contribución en la defensa de una sociedad de
individuos libres e iguales debe ir paralela a nuestra lucha
aquí y ahora por una sociedad más libre y solidaria.
Estas páginas pueden servir de muestra de nuestro compromiso
con la recuperación de la memoria histórica
frente a la interesada desmemoria del pensamiento acomodaticio
y único que nos domina.
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