Tragados por el olvido

Una campaña de la CGT reclama que el Estado reconozca la inocencia de los anarquistas Granado y Delgado, ejecutados a garrote vil en 1963 tras ser acusados de dos atentados

A. Gaitero Redacción DIARIO DE LEÓN.
El Verdugo, de Berlanga, se estrenó en la Mostra de Venecia 15 días después de que en España la justicia franquista diera garrote vil a Francisco Granado y Joaquín Delgado, dos jóvenes libertarios acusados de haber hecho explotar dos bombas en la Dirección General de Seguridad de la Policía en Madrid y en la sede de los Sindicatos Verticales.

Un reportaje publicado en 1996 en el canal Arte, de Francia, desveló que los dos ejecutados eran inocentes y en 1998 la viuda de Francisco Granado, Pilar Vaquerizo, presentó en el Tribunal Supremo un recurso de revisión del caso. La sala de lo Militar denegó la petición y la viuda aún espera que se resuelva el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. El argumento del Supremo es «que la Justicia de 1963 era la expresión de la legalidad vigente».

Fue el 17 de agosto de 1963, en la cárcel de Carabanchel. El régimen no oyó las protestas contra el ajusticiamiento de dos personas detenidas, juzgadas, sentenciadas y ejecutadas en un tiempo récord: 17 días. En el atentado hubo 21 heridos (28 según la prensa de entonces) y quienes ahora reclaman la rehabilitación de los dos anarquistas aseguran que «las cargas eran pequeñas» y que se trataba de «acciones simbólicas».

El objetivo -aseguró ayer en León Octavio Alberola- «era Franco». «Si en 1963 hubiéramos conseguido matarle, Granado y Delgado hoy serían héroes», añadió. Alberola era el coordinador de los grupos que «hostigaban» al régimen desde posiciones anarquistas. «Luchábamos por la libertad del pueblo, pero no por el poder», subrayó. La libertad llegó, poco a poco, tras la muerte de Franco en 1975, pero el olvido de la Transición se tragó las muertes de Granado y Delgado con todas las víctimas y represaliados del régimen. «Ahora han pasado muchos años, quizá creen que la memoria histórica ya no es muy dañina», señaló Alberola como explicación a la corriente que se ha confabulado desde varios frentes para destapar las fosas del franquismo, la memoria de los maquis, la persecución de homosexuales y las ignominiosas muertes de Granado y Delgado. Después de ellos todavía serían ejecutadas en España al menos otras siete personas.

El testimonio de Antonio Martín Bellido, que se autoinculpó de los atentados en 1994 ante la televisión francesa, se presentó como prueba determinante en la petición para que se revisara el proceso. En el documental, que ayer se pasó en la sala Región del Instituto Leonés de Cultura, aparece también la confesión del otro autor, Sergio Hernández. Pero sólo Bellido -quien ayer no acudió al acto por enfermedad, aunque estaba anunciado- presentó su declaración al Tribunal Supremo.

Los impulsores de la campaña No hay democracia sin justicia justifican tantos años de silencio en la falta de oportunidades históricas: «La Transición política española fue un pacto de silencio y desgraciadamente hubo fuerzas antifranquistas que se prestaron a ello». La campaña culminará en noviembre con una manifestación frente al Parlamento para reclamar la rehabilitación de Granado y Delgado y también que el Gobierno reconozca el derecho de la viuda del primero a una indemnización. Su caso no entra en ninguna de las leyes aprobadas desde 1990 para indemnizar a las víctimas políticas de las prisiones del franquismo: la del Estado exigía más de tres años de cárcel y la de la comunidad autónoma de Madrid varios meses. A pesar de todo, su viuda, Pilar Vaquerizo, reclama el derecho a la indemnización que se ha concedido a los ex presos. Octavio Alberola contrapuso la «infamia» de este caso frente al reconocimiento de indemnizaciones a familiares de víctimas del terrorismo, como Melitón Manzano «que fue uno de los grandes torturadores del régimen».

Octavio Alberola explicó ayer en León que recurrieron a la violencia en busca de la libertad, pero recalcó que en el contexto democrático actual no la justifica, a pesar de que «no es ésta la democracia a la que aspirábamos».